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Por Juan Fernando Mejía (www.globalcontable.com/perfil)

El Comunicado de Prensa 122, de la DIAN, interpreta que algunos alivios tributarios del Decreto 1419 del 17 de septiembre de 2026 aplican a todos los contribuyentes, mientras que otras personas, en redes sociales, opinan que estas medidas solo aplicarían a quienes estén ubicados en las zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026.

Opina Jesús Orlando Corredor Alejo que “… se equivocan todos esos influenciadores cuando aseguran que la posibilidad de pagar sanciones reducidas e intereses con tasa preferente aplica solamente a los afectados con el sismo. En realidad … resulta de aplicación para todo el mundo, llámese persona natural, jurídica, entidad sin fines de lucro, del régimen especial o general, contribuyente o no contribuyente, etc.”

A su juicio, que compartimos, aplican a todo el país estos beneficios:

Aunque el artículo 1 y el 2 usen la palabra “exclusivamente”, esto se puede entender en cuanto al destino de los recursos, en la interpretaicón por contexto del artículo 30 del Código Civil, que no es otro que el recaudo para atender la emergencia.

Además, indica que cuando el decreto quiso limitar una medida solo a los territorios afectados , remitió al artículo 3 y donde no existe esta remisión, no le corresponde al intérprete, según el artículo 27 del Código Civil.

Por lo tanto, las medidas que aplican a todo el territorio nacional son:

1. Los del artículo 9: reducción transitoria de sanciones al 15% e intereses moratorios al 4.5% anual, si se paga el 100% de obligaciones en mora al 10 de agosto (hasta el 19 de noviembre). Esto porque el mismo artículo se refiere expresamente a “…los contribuyentes, responsables, agentes retenedores, garantes y deudores solidarios de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias”; esta literalidad no remite a los contribuyentes que estén “exclusivamente” en la zona afectada y el artículo 27 del Código Civil indica que se debe atender la literalidad de la norma.
2. Los del artículo 10: reducción transitoria para el pago de la sanción por extemporaneidad (al 15%) e intereses (al 4.5% anual), si eran declaraciones omisas al 10 de agosto; 15% de sanciones tributarias y 0% de intereses, si se corrigen declaraciones a la misma fecha (aplicable a declaraciones aduaneras con sanciones asociadas a infracciones “gravísimas”), en todo caso, pagando el 100% del impuesto o retención a que hubiere lugar, así como la reducción de sanciones al 15% por incumplimiento de obligaciones formales (en las que no haya impuesto a cargo), tales como la presentación de exógena, facturación o precios de transferencia.
   
   Otras condiciones son que no se haya notificado la resolución que resuelve el recurso de reconsideración e informar a la DIAN por escrito que se acoge a estos beneficios (cuando están en discusión), con lo que se entienden aceptados los hechos y valores propuestos. Además, se expresa concurrencia con las demás reducciones de sanciones, como las previstas en el artículo 651 y en el artículo 640 del Estatuto Tributario.
3. Los del artículo 11: conciliación contencioso-administrativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria, es decir, cuando la discusión se encuentre en juzgados, tribunales administrativos o el Consejo de Estado. En todo caso, se debe pagar el 100% del impuesto en discusión. Si está en primera instancia, se paga solo el 15% de la sanción actualizada y de los intereses, liquidados estos al 4,5% anual. Si está en segunda instancia, por haberse admitido el recurso de apelación, se paga solo el 20% de la sanción actualizada y de dichos intereses. Si no hay impuesto en discusión, se paga solo el 20% de la sanción actualizada.
   
   Si son sanciones generadas en devoluciones o compensaciones improcedentes, se paga el 30% de la sanción actualizada, siempre que se reintegren las sumas devueltas o compensadas en exceso con sus intereses, reducidos estos al 30%. Sin embargo, se condiciona, entre otras, a que la demanda se haya presentado antes del 10 de agosto, que haya sido admitida antes de la presentación de la solicitud de conciliación ante la administración y que esta sea antes del 19 de noviembre de 2026.
4. Los del artículo 13: 25% de descuento en renta por los saldos a favor, totales o parciales, que se donen al Estado, hasta el 31 de diciembre, lo que la DIAN destina primeramente a compensar las deudas del donante, sin exceder los límites del impuesto de renta a cargo, según el artículo 258.

Incluso, no podría interpretarse que el artículo 13 se haya creado para que los más afectados por el sismo donen sus propios saldos a favor para atender su propia tragedia.

También se critica que los considerandos orientan una interpretación restrictiva para que los beneficios se apliquen solo a contribuyentes ubicados en el territorio, pero estos no tienen fuerza vinculante como sí la tienen los artículos 9 al 13.

Los alivios del Decreto 1413 de 2026 , aunque están en un decreto distinto, no exigen que el contribuyente esté en la zona afectada por el sismo, sino que exista allí una inversión, para ser beneficiada con tarifa del 20% respecto de la renta líquida gravable que genere la inversión o hasta el 15% según el empleo que generen (por lo que se va a requerir un estado de resultados de propósito especial o una depuración separada), depreciación del 50% anual y exención de IVA en importaciones.

Aunque el artículo 2 de ese decreto también usa la palabra “exclusivamente”, que llevaría a entender que es solo para contribuyentes ubicados en la zona del sismo, el artículo 3 dice que es para los contribuyentes de renta, residentes y no residentes, siempre que la inversión se realice en los municipios afectados.

Esto demuestra que, en estos decretos, “exclusivamente” se refiere al lugar donde operan las medidas y no al domicilio del contribuyente, de modo que la interpretación integral es la finalista y deben entenderse para todos los contribuyentes, salvo las que expresamente se limiten a los sujetos de la zona afectada.

Los beneficios tributarios que sí se aplican solo a contribuyentes cuyo RUT indique un domicilio en la zona de desastre serían:

• La del artículo 5: facilidad de pago abreviada (y con intereses al 4.5% anual) de hasta 24 meses sin garantía, si son obligaciones en mora que cumplan las condiciones del inciso 2 del art. 814 del E.T., y de hasta 36 meses con garantías personales, si la deuda no supera 6.000 UVT, siempre que se pague un mínimo del 10% y que se soliciten hasta el 19 de noviembre.
• La del artículo 6: reprogramación de facilidades de pago, por una sola vez y hasta 12 meses, para las cuotas exigibles entre el 10 de agosto y el 31 de diciembre de 2026, es decir, que se da una excepción a la causal de incumplimiento del artículo 814-3 del Estatuto Tributario.
• La del artículo 7: reprogramación de facilidades concursales vigentes, sin que se genere condonación ni novación.

Estos alivios tributarios de los artículos 5 a 7 no se aplican a grandes contribuyentes.

• La del artículo 12: es ingreso no constitutivo las donaciones recibidas por personas naturales damnificadas hasta 2.600 UVT acumuladas por beneficiario, entre el 10 de agosto y el 31 de diciembre, destinadas a las necesidades inherentes al sismo, sin retefuente y sin que sean aplicables los artículos 125-5 ni 302 del E.T., sujetos a la certificación del donante.

Comparación con el Decreto 0240 de 2026

Diferencias con el Decreto 0240 de 2026, también se generó en una emergencia y sus considerandos también decían que los alivios “no son generalizadas”, pero eran para todo el país . Aun así, su articulado no los limita a la zona afectada, lo que refuerza la interpretaicón extensiva en este caso.

Algunas diferencias entre el Decreto 0240 y el 1419 de 2026 son:

Relacionado: Decreto 1419 de 2026: alivios tributarios, aduaneros y cambiarios, Decreto 1413 de 2026: incentivos para nuevas inversiones y Decreto 1417 de 2026: medidas laborales.

Lectura Dominical (resumida): advierten estos autores, en esencia, el negocio que para unos cuantos pretende tanto el CTCP como la JCC con su proyecto de colegiatura obligatoria, oculto en el la ley de reforma profesional que están radicando. Según estos reconocidos autores, el proyecto le quiere quitar a las Universidades la responsabilidad de la acreditación y validación de la competencia profesional para pasarla a entidades certificadoras autorizadas por el colegio obligatorio (ese se convertiría en una mafia, según Tito Libio Caldas). Esto deslegitima al contador Colombiano. Ojo que esta reforma la apoyan varios influencers contables que buscan allí sus beneficios. Fuente: https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/activos/article/view/10856/8903 Comparte

Por: Juan Fernando Mejía.
Revisor Fiscal  Brigard Urrutia | CEO GlobalContable.com
Asesor tributario y contable en compañías como Home Center, Metrokia, Empresa de Energía de Pereira y en PYMES.
Estudiante de Maestría en Tributación, Facultad de Derecho, Universidad de los Andes (Ciclo de especialización).
| jf.mejia2@uniandes.edu.co  | jmejia@globalcontable.com |WhatsApp 301 266 41 76

Introducción 

El 7 de junio de 2023 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP)  publicó un proyecto de reforma profesional (ver el proyecto en PDF en el enlace del CTCP), según el cual “Los fondos a que se alude serán manejados por el Consejo Técnico de la Contaduría, bajo la responsabilidad del Presidente del mismo, como un patrimonio autónomo, con el lleno de los requisitos que la Ley exige para el manejo de los recursos públicos bajo esta figura. Una vez cumplido lo establecido en el inciso primero de este artículo se entregarán los saldos existentes al Colegio respectivo” (ver página 19).

Ese “colegio” definiría sus propias reglas, pero no cambia la intención que viene desde el proyecto presentado por el mismo CTCP en 2021, según el cual los contadores deberán pagar “cuotas de inscripción, cuotas mensuales de sostenimiento, cuotas extraordinarias, pagos inscripción de los solicitantes a contadores y sociedades de contadores, pagos por la renovación de las tarjetas profesionales, por la expedición de certificaciones y por “legados y donaciones”  y que “Los dineros de la Colegiatura serán manejados por el Director Ejecutivo o en su defecto por el presidente de la Junta Directiva y el Tesorero”. (Ver capítulo IX. “Del patrimonio de la colegiatura” en https://www.ctcp.gov.co/que-es-el-ctcp/comites/comites-para-la-reglamentacion-de-la-profesion-con/reglamento-1/2-propuesta-de-gobernanza-de-antioquia).

Como algunos comentamos en contra de esto en las redes, ya no se dice tan directamente, pero se deja abierta la intención de fondo: una colegiatura obligatoria para que unos cuantos manejen estos mas de $50.000 millones que tienen la JCC de los cobros que hacen a los contadores.

No distan estas intenciones de las que pretende la Junta Central de Contadores cuyos directivos siempre han pretendido que se cobre el 1% de todos sus ingresos a los contadores, lo que al parecer no ha tenido mucha acogida en el Ministerio de Hacienda ni en el de Insutria y Comercio. (Disponible en https://www.jcc.gov.co/sites/default/files/2021-09/Boleti%CC%81n.pdf)

Proyectos reforman, pero no transforman la profesión

El ya fallecido  Tito Livio Caldas dijo que las colegiaturas profesionales son regresivas, pues “evocan prácticas medievales que limitan la competencia y se convierten en entes paquidérmicos y burocráticos (…) acaban con la libertad de trabajo de los profesionales no afiliados de una parte y, de la otra, impiden la libre competencia” (Caldas. Tito Livio. En: Colegiaturas profesionales obligatorias son regresivas. Editorial Legis 2009. Disponible en https://bit.ly/3gMPs5I)

Colegas de Bolivia y Perú reafirman lo dicho por el connotado Doctor Caldas: que las colegiaturas son organismos con funciones públicas, pero de iniciativa privada, lo que a criterio de fundador de Legis, “… les da un biformismo que les permite un cómodo y descarado volte-face que induce a estos gremios de creación legal, con poder público, a caer en incalificables desviaciones y abusos, en formación de roscas inamovibles y corruptas y, finalmente, en conductas mafiosas, como históricamente se ha comprobado” (Ibídem).

Ni los médicos, ni los abogados, ni los veterinarios tienen colegiaturas obligatorias como lo pretenden algunos contadores y existen dudas respecto a la real democracia en la elección de sus dignatarios y respecto a quién controlaría sus decisiones.

Desde hace muchos años existen las colegiaturas de afiliación voluntaria, pero si se les entregan funciones públicas, se corren riesgos como la burocracia, la corrupción y la exclusión de quienes no estén de acuerdo con algunas de sus decisiones.

En Colombia, algunos colegios voluntarios parecen fortines donde los administradores son los mismos de siempre, por ejemplo uno controlado por una familia, sin que nadie más pueda participar en su elección y sin que estos puedan ser reemplazados. Entonces, ¿Qué tal serían estos colegios con funciones públicas y afiliación obligatoria?.

Te puede interesar: firmar la petición en Change.org contra la Colegiatura Obligatoria.

La profesión se modernizó hace mucho rato sin necesidad de un cambio normativo. O acaso se siguen usando libros columnarios?, seguramente la tecnología ha permeado la profesión sin necesidad de un cambio de palabras en las normas, sin negar que seguramente habrán cuestiones interesantes por discutir. Solo que se necesita de la participación de todos los contadores, con votaciones en franca lid, como se hace con la elección de representantes ante la JCC, pero que esos mismos representantes busquen financiar, posiblmente, intereses particulares con el dinero que aporte toda la profesión.

No vaya a ser que estos dineros terminen financiando proyectos particulares como ya está sucediendo en la Junta Central de Contadores con la revista institucional que se dedicó a promocionar la Cienciología, como lo hemos denunciado (gracias a esas denuncias, en la misma JCC se hizo una reunión para parar este proyecto personal, como se evidencia en el siguiente enlace: “Junta Central de Contadores difunde la cienciología en Colombia. Pero le compete?”, en https://www.globalcontable.com/jcc-y-cienciologia/

(con lo peligroso que resulta cuestionar estas cosas por el aumento inusitado de visitas en sede y las investigaciones que ya nos ha abierto la junta solo por opinar, mientras no pasa con los grandes escándalos contables).

Tambén se destaca que en la página privada del proyecto de colegiatura obligatoria se incluyan enlaces directos al Hubbard College y al Hubbard College Internacional que son las instuciones de la cienciología global. (lo puede verificarse en https://ccpcolombia.org)

Su conexión con el proyecto de Colegiatura.

El Proyecto de Reforma a la profesión (7 de junio de 2023) y el de Revisoría Fiscal promocionados por la Junta Central de Contadores y el CTCP se refieren a la “gobernanza” de la profesión, un término indefinido jurídicamente que busca implantar la colegiatura obligatoria donde los contadores tendrán que pagar un porcentaje de que lo que reciban para crear cargos a quienes “arreglarán los males de profesión”.

Tito Livio Caldas calificó las colegiaturas obligatorias como burocracias creadoras de “mafias” y exclusiones.

En efecto, en uno de los apartados del proyecto de Revisoría Fiscal dice que: “Cualquier conflicto de interés del contador público con sus colegas o clientes será dirimido en primera instancia ante el tribunal de conciliación establecido por el órgano de gobernanza“. 

Al parecer, el manejo de $50.000 millones en efectivo que tiene la JCC se los quieren dar a un órgano privado con la “Colegiatura Obligatoria”.

Estos proyectos giran en torno a la colegiatura obligatoria, pero es peligroso opinar sobre estos temas porue Junta Central de Contadores investiga y aumenta sus visitas a  quienes opinamos sobre estos temas.

Ventajas de un Colegio Profesional. ¿Las hay?

Dentro de las potenciales ventajas de tener una colegiatura profesional única, estarían las siguientes:

1. Se tendría una tabla de honorarios, lo que ya publicó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, pero que nadie la aplica porque esto depende realmente de la oferta y demanda en el mercado, asunto que está lejos de ser “solucionado” por una estructura colegiada de forma obligatoria.

2. Tendría una función similar a un sindicato para reclamar al Estado los derechos de los contadores, tales como la eficiencia en el funcionamiento de las plataformas informáticas de la DIAN o la simplificación de las normas tributarias, pero sabemos que estos problemas son más de los empresarios que constantemente pueden influir en la política, con su cabildeo en el Congreso y con sus afiliaciones voluntarias (como la ANDI, ACOPI), y que más bien son ellos quienes complican las normas por las excepciones fiscales que reclaman.

¿Podría entonces arreglarse un problema coyuntural como este con las colegiaturas contables?.

Mientras no exista una apropiación institucional de la necesidad de simplificar las normas tributarias, impulsada desde la economía, poco puede hacer una función sindical, y mucho pueden hacer los contadores con mecanismos ya existentes como su participación por otras vías y mediante los derechos de petición ante las autoridades cuando se vean perjudicados por la ineficiencia operativa del Estado. Es cierto que los sindicatos laborales mucho logran, pero esta función no parece ser válida tratándose de gremios profesionales.

(Esto puede ampliarse en el artículo “Contingencias DIAN: algunas soluciones potenciales” en https://www.globalcontable.com/analisis/contingencias-dian-algunas-soluciones-potenciales/)

3. Ejecutaría algunas funciones educativas, lo que entraría en conflicto de interés con universidades y entidades que organizan eventos de capacitación en uso de la libertad de empresa que la democracia liberal ha consagrado. Salvo que en el fondo se esté buscando una alianza del colegio obligatorio con las universidades para propiciar cursos obligatorios que se pagarán por separado.

Además, muchas universidades apoyan estas cuestiones por el flujo que les representaría la re certiciación cada 5 años para todos los contadores, nada despreciable en tiempos de alta deserción universitaria.

El contador tiene la responsabilidad de capacitarse, pero el mercado es el que regula este asunto: si alguien no tiene las capacidades para ser contador bilingüe, por ejemplo, pues no se presenta y no es elegido en un cargo con esa condición. Pero para ello no se necesita la intervención de un “colegio” con funciones públicas.

4. Sería fuente de actualización permanente, como muchos predican respecto a la intención del artículo 26 de nuestra Constitución Política, cuando se refirió a las colegiaturas. Pero la Constitución data de 1991, cuando no existían grandes sistemas de información. Hoy esto no representa beneficios reales, pues abundan las actualizaciones informativas en internet.

5. Daría la sensación de estar unidos. Esta parece ser la más importante ventaja, pues una necesidad del hombre es la de pertenecer a un grupo y ser aceptado, según Abraham Maslow, pero en el caso de los contadores puede ser preferible el esquema actual: agremiaciones voluntarias como el Instituto Nacional de Contadores Públicos, los ya existentes “colegios” o las asociaciones de contadores de las universidades y hasta las páginas y grupos de Facebook que parecen generar mayor movilidad social.

El contador puede escoger entre estas opciones o no pertenecer a ninguna. Eso es libertad de asociación, que es a lo que se refiere el artículo 26 de la Constitución Política, el mismo que algunos colegas quieren interpretar como obligación de asociación.

Otra forma que buscarán con la presión de la JCC y del CTCP a futuro es un colegio único  de “asociación voluntaria” que dice representar “a todos los contadores” y que luego se convierte en obligatorio por el alto poder que adquieren, insistía Tito Livio Caldas, y una vez que obtengan funciones públicas, quienes no pertenezcan tendrían serias desventajas.

No existen soluciones mágicas a los problemas de la profesión, pero formar colegiaturas no parece ser una de ellas.

Más bien, lo que muchos contadores buscamos es mayor análisis, menos terrorismo contable (por ejemplo con algunos mitos NIIF como la supuesta obligación de valorar mesas, sillas y otros muebles totalmente depreciados y las valoraciones hasta en copropiedades), frente a lo cual no hizo nada el CTCP. Recordemos que este órgano solo presentó un cambio a los requisitos para pertenecer al grupo 3, luego de muchas luchas en las redes que hicimos algunos para evitar que solo por tener 10 trabajadores se aplican cuestiones que ni las NIIF piden hacer. Claro que se defiende la aplicación de las NIIF en Colombia, pero una cosa es aplicarlas en Ecopetrol o Home Center y otra en una tienda de esquina o una copropiedad como se prentendió y como se abusó con el auspicio o por lo menos con el silencio de los organismos profesionales.

Las soluciones a los problemas profesionales pasan por mayor participación de los contadores en la política y en no ser indiferentes, participando masivamente, pero no se les permite votar en estos asuntos, sino que la JCC y el CTCP dicen representar a todos los contadores con algunos que ellos mismos convocaron para validar intereses previos.

También se ha intentado discriminar los profesionales por “tipo A” y “tipo B”, cuestiones que han tenido que echar para atrás, gracias a quienes nos oponemos a este tipo de iniciativas.

Y seguramente  tendrán que eliminar del proyecto de reforma esto de la colegiatura obligatoria que el director y algunos miembros y representantes en la JCC han querido imponer, con el auspicio del CTCP.

Lo que en verdad nos hace fuertes como profesión no es una colegiatura obligatoria, sino la superación individual como el aprendizaje de idiomas, las fortalezas en habilidades fuertes y blandas, las especializaciones, maestrías y doctorados, así como la mayor participación política con los mecanismos existentes.

El ejemplo de países más desarrollados

En países que superan a Colombia en los índices de desarrollo económico no existen colegios profesionales obligatorios.

Por ejemplo en Chile, el numeral 15° del artículo 19 de la Constitución (también de 1991) explica que “Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación”, y una importante nota editorial indica que el “Gremialismo obligatorio es antidemocrático” y recomienda “no formar colegiaturas que minan la libertad en el mercado, que terminan siendo coaptadas por intereses de un pequeño grupo burocrático y que generan exclusiones a otros sectores profesionales, minando la libertad“.

Por esto la misma profesión contable, entre otras, hacen un llamado a “Que no se olvide este principio conquistado en la Revolución Francesa, parte esencial del pensamiento liberal y la democracia de occidente” (Disponible en http://bit.ly/2QK5JtN)

Al parecer, las potenciales ventajas de un colegio profesional obligatorio superan los riesgos y desventajas, a juzgar por la experiencia de oros países.

Algunos opinan que sería una ventaja un colegio obligatorio porque sus capacitaciones se harían con los mejores y más reconocidos conferencistas, pero es obligación de todo el que organiza eventos ofrecer la mayor calidad al mejor precio, sin que para ello sea requisito “afiliarse” previamente, pagando una mensualidad o sin ella. A eso se han dedicado los colegios: a organizar capacitaciones, pero ahora supuestamente sí se dedicarán a “defender” a la profesión, pero ¿defenderla de quién?, ¿de ellos mismos?.

Y, como se dijo, si se trata de colegiaturas voluntarias, ya existen y no deberían tener funciones públicas que generen riesgos como los relacionados con la burocracia y con las asimetrías entre quienes pertenecen y quienes no.

Quienes creen que no aportan soluciones reales, sino nuevas burocracias, no están de acuerdo con colectividades que se abrogan la representación de “todos los contadores”.

Post data:

El CTCP apoya uno de estos proyectos: los mismos que pusieron a valorar hasta zonas comunes, en contra de las mismas NIIF, lo que terminó favoreciendo intereses privados y hasta que no nos opusimos en redes y con artículos académicos, no cambiaron eso con un concepto; no sin antes amenazar con sanciones desde la JCC que investiga a quienes opinamos que en Colombia se debe simplificar la contabilidad y la tributación para así defender verdaderamente al contador y al empresario. Personalmente la Junta me investigó por los artículos “Terrorismo Contable con los bienes muebles”, “El mito de la descomponetización de activos”, y por oponerme a la fatídica idea de llevar dos o tres libros contables, que solo se hace en Colombia.

Quizás te puede interesar firmar la petición en Change.org contra la Colegiatura Obligatoria, que lleva más de 6.780 contadores. Mucho más que los 10 que decidieron en los famosos comités regionales que convocó el CTCP .

En todo caso, 6.800 o 7.000 contadores es menos de lo que debería ser una verdadera participación de los contadores, algunos de los cuales son apáticos a todos estos problemas que hemos dejado en cabeza de los políticos de la profesión. Con razón los comités del Consejo Técnico dicen en las redes que los contadores que nos oponemos a sus intenciones particulares “son unos cuantos gatos”.

Esos desobligantes términos y esa persecusión hay que evitarlas, pero la profesión no está de acuerdo con lo que quieren imponer desde la JCC y el CTCP. Invito a compartir este artículo con otros colegas: o nos organizamos o nos sancionan a todos por opinar y, claro, nos ponen a pagar para mantener la burocracia de los políticos contables.

Enlace corto a este artículo en http://bit.ly/2tFX0OZ

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Las Colegiaturas Obligatorias son Regresivas

Un momento por favor…. Redirigiendo a actualicese.com donde se publica este artículo.